Luego que la Presidenta Michelle Bachelet instruyera a sus ministros a elaborar una propuesta que regule la relación entre la política y los negocios, ayer volvió a instalarse en el oficialismo el debate sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo transversal que contribuya a terminar con los cuestionamientos públicos tras los casos Penta y Caval.
Desde el Partido Socialista, el diputado y timonel de la tienda, Osvaldo Andrade, valoró la decisión de la Mandataria, pero advirtió que para que este marco regulador funcione debe haber un consenso con la derecha.
"Debe haber (un acuerdo con la derecha), y creo que en la derecha hay que abrir conciencia de esto. Uno, porque están bastante metidos en el lío, para ser franco, y dos, porque percibimos cómo se desmorona esto y eso nos afecta a todos. O se reacciona o la consecuencia de esto va a ser muy simple: en la próxima municipal no va a ir a votar nadie", aseguró Andrade a radio Cooperativa.
El presidente del PS consideró que el anuncio de La Moneda "apunta en la dirección correcta, porque la Presidenta ayer (miércoles) se hizo cargo del problema en concreto y fijó algo que nosotros los socialistas hemos insistido mucho desde hace mucho tiempo en la hoja de ruta; tenemos hoja de ruta (...) tenemos una línea de conducta que era lo que nos hacía falta, porque el debate anterior a esto era de si el fiscal es amigo de, o es hijo de, y las controversias".
El diputado volvió a referirse a esta situación como "una severa crisis", por lo que recalcó que "hay que ocuparse de este problema, porque las consecuencias de este pueden ser muy graves, porque este es una crisis del sistema".
En el PPD la postura es otra. Según publicó ayer La Segunda, el senador Ricardo Lagos Weber, en su calidad de presidente (S) de esa tienda, abordó el miércoles el tema con el ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, y le manifestó sus reparos a la posibilidad de establecer un acuerdo.
En la cita, el parlamentario oficialista habría planteado que el PPD apoyaría cualquier proyecto legislativo que regulara de mejor manera los mecanismos de financiamiento, pero que no consideraba conveniente un acuerdo político que dejara la sensación de impunidad frente a las investigaciones en curso.
En una reunión posterior, la mesa directiva del PPD acordó evitar un acuerdo político similar al concretado en 2003 tras el caso MOP-Gate.
Al ser consultado ayer por un posible acuerdo político, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que "tenemos que distinguir. En lo que respecta a las investigaciones que está realizando la Fiscalía, debemos dejar que el Ministerio Público realice su trabajo sin interferencias políticas (...) En paralelo, el Gobierno está impulsando una agenda muy ambiciosa para elevar los estándares de transparencia y probidad en el financiamiento de la actividad política, pero adicionalmente la Presidenta Bachelet le ha encomendado a los ministros del comité político elaborar una propuesta para tener un marco regulatorio eficaz".
La instrucción de la Jefa de Estado ocurre en medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en los casos Penta y Caval. El primero, referido a la emisión de boletas para el financiamiento irregular de campañas electorales, y el segundo, a la obtención de un millonario crédito para la compra de unos terrenos en Machalí por parte de una empresa de la que es socia la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon.
El secretario general de RN, Mario Desbordes, valoró la instrucción de Bachelet, afirmando que ese partido está disponible para colaborar en el debate. No obstante, señaló que cualquier proyecto debe sostenerse sobre una base de "absoluta transparencia y real capacidad de control ciudadano e institucional". En la UDI, el timonel Ernesto Silva criticó que el Gobierno hizo de manera tardía su llamado a elaborar una propuesta sobre esta materia.
