Luego de un largo proceso judicial que duró más de 6 años por el proyecto El Morro, la empresa Goldcorp decidió iniciar de cero el proyecto al retirar su Estudio de Impacto Ambiental del sistema de evaluación.

Sobre la drástica medida que causó revuelo en el mundo político y privado de Atacama, el vicepresidente senior de Goldcorp, Eduardo Villacorta explicó los detalles de la decisión y las proyecciones de la empresa.

-Hay dos elementos que nos ayudaron a tomar la decisión. La primera es que vimos una oportunidad en cuanto a fortalecer aún más el vínculo con las comunidades y los demás interesados en el proyecto. Al final lo que nosotros queremos es establecer un diálogo fluido, permanente y directo con los legítimos representantes de las comunidades. Un segundo elemento es que nosotros ya teníamos 6 años de estar lidiando con la tramitación del permiso. En esos seis años hubo cambio en la normativa en las diferentes legislaciones e incluso en la firma por parte de Chile del convenio 169 de protección a los derechos de las poblaciones indígenas.

-Goldcorp había invertido cerca de 250 millones dólares en todo este proceso en los últimos seis años para el diseño de El Morro. Nosotros creemos que contamos con una gran cantidad de información que nos va ayudar a reformular nuestro proyecto y entonces no es plata que se pierde. Donde está para nosotros quizás el costo más importante es que esto nos va tomar mucho más tiempo. Con una RCA aprobada podríamos arrancar un proyecto de forma inmediata con generación de empleo e inversión fresca de un proyecto que estaba catalogado en los 3.900 millones dólares.

-Es difícil establecer una fecha porque estamos volviendo a cero donde se tiene que hacer ingeniería de detalle, estudios de prefactibilidad, etc. Nosotros de acuerdo a los tiempos de la normativa actual nos tardaríamos aproximadamente tres años para presentar el Estudio de Impacto Ambiental sin contar que lo aprueben. Todo va depender del tipo de proyecto y de los cambios que decidamos en el camino para presentarlo.

-Teníamos estimado para la etapa de construcción generar 4.500 empleos y para la mantención 1.600 más.

Yo creo que ese es un tema en que todos los actores debemos preocuparnos. Lo más importante aquí es que busquemos la forma de cómo establecer reglas claras no cambiantes que garanticen las inversiones y que también los derechos de los demás involucrados. Es un tema que hay que ponerle mucha atención, hay que identificar cuáles son los actores legítimos tanto de la empresa como de las comunidades y de las personas que de una u otra forma están relacionas porque eso va ayudar a reducir ese riesgo. Si se desarrolla un proceso transparente creo que se va reducir bastante las posibilidades de que se llegue a la judicialización de los proyectos.

Yo creo que ese es un elemento muy obvio en todos los casos. Si tú te fijas en todos los casos donde se ha judicializado el tema de la tramitación o de una RCA siempre hay intermediarios y lo que hay que evaluar si esos actores tienen en efecto un interés legítimo para beneficiar a las comunidades o para un beneficio propio. En el modelo de negocio de GoldCorp nosotros no tenemos intermediarios y solo buscamos que ese beneficio sea colectivo para las comunidades vecinas que están alrededor del proyecto. A nosotros no nos interesa que los procesos de diálogo sean interrumpidos o bloqueados por personas que tienen intereses propios y ese es un modelo de negocio que no queremos entrar y no vamos a entrar.