La consultora Econsult estimó que, de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales ($ 582), el precio promedio de las gasolinas y del diésel bajaría $ 5 desde el próximo jueves. Según la firma, de no estar funcionando el Mepco los precios de las gasolinas caerían $ 83 y el del diésel $ 30.

La proyección fue realizada utilizando un tipo de cambio promedio semanal de $ 582 por dólar y los precios del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos.

De acuerdo a ese escenario, el precio de la gasolina de 93 octanos disminuiría 0,7%, aproximadamente $ 5; el de la gasolina de 97 octanos en 0,6%, cerca de $ 5, y el precio del diésel bajaría 0,7%, alrededor de $ 5.

Según el informe de Econsult, el resultado se explica por el incremento en el precio internacional de la gasolina de 93 octanos (Unl. 87) de 0,3%, la disminución de 1,5% en el precio internacional de la gasolina de 97 (Unl. 93) y la baja de 0,7% en el precio internacional del diésel, además de la nula variación en el tipo de cambio promedio entre la semana del 3 al 7 de noviembre y la anterior.

También por el alza de $ 78 por litro en el impuesto específico aplicable al precio de las gasolinas y de $ 25 por litro en el precio del diésel por efecto del Mepco. "De este modo, de no existir el Mepco, la gasolina 93 bajaría $ 79, la gasolina de 97 octanos lo haría en $ 87 y el diésel $ 30", reseñó el documento.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de los representantes legales de la empresa Atacama Chemical S.A. y otras cinco compañías relacionadas al empresario y ex candidato presidencial, Francisco Javier Errázuriz, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, cuyo perjuicio ascendería a $48.000 millones (US$ 81 millones).

De acuerdo al organismo, a las firmas vinculadas al también ex senador se les acusa de efectuar una rebaja indebida de impuestos y la obtención irregular de devoluciones de IVA Exportador en operaciones vinculadas a la extracción, comercialización y exportación de yodo.

La acción penal está dirigida en contra de los representantes de las empresas Atacama Chemical S.A.; Cidef Comercial S.A.; Inmobiliaria y Constructora Nacional S.A.; Frater and Holding S.A.; Holding and Trading S.A.; y Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala S.A, por su responsabilidad en los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, incisos primero y tercero del Código Tributario.

Estos se refieren a "la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, y al que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuestos indebidas".

De acuerdo al SII, "la querella busca que se investigue y sancione a todos los involucrados por su participación en la elaboración y ejecución de un plan que tuvo por fin burlar el pago de tributos y obtener devoluciones de IVA Exportador a las que no tenían derecho, con ocasión de su participación en la actividad de extracción, comercialización y exportación de yodo".

Antecedentes

Según los antecedentes analizados por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica de Impuestos Internos, mediante procedimientos dolosos que incluyeron la participación artificiosa de empresas del grupo en el rol de intermediarias en la comercialización y exportación de yodo, y compraventas simuladas, se aumentó ficticiamente el precio de dicho elemento químico, así como el respectivo IVA débito fiscal, con el propósito de obtener que las utilidades y el débito referido, fueran absorbidos con las pérdidas y el crédito fiscal acumulado que presentaban dichas sociedades intermediarias, evadiendo así la carga impositiva que por ley les correspondía.

Asimismo, la empresa Atacama Chemical S.A. emitió facturas de exportación falsas, a un supuesto cliente en el extranjero, maniobra que, sumada a las anteriormente descritas, posibilitó la obtención fraudulenta de devoluciones de IVA Exportador a las que no tenía derecho.

Las conductas señaladas tuvieron lugar durante el periodo comprendido entre los meses de enero de 2011 y mayo de 2012, ocasionando un perjuicio fiscal superior a los $48.000 millones (US$ 81 millones).

De acuerdo con la normativa vigente, los responsables de estos delitos arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel y multas que pueden llegar al 400% del monto defraudado.