El intendente de Atacama Miguel Vargas anunció que la construcción de la planta desalinizadora de agua de mar para Atacama será financiada por el Estado. Esta decisión reduce el alza en las tarifas de agua potable una vez que entre en funcionamiento.

"Hemos acordado la construcción de una planta desaladora en la comuna de Caldera que va a ser financiada íntegramente por el Estado", confirmó el intendente Vargas, quien agregó que esto "se traduce en un impacto directo para el bolsillo de las personas, quienes no van a ver incrementadas sus tarifas".

La planta de agua desalada, generada para las comunas de Tierra Amarilla, Caldera, Copiapó y Chañaral, podría comenzar su proceso de construcción en 2017, para estar operativa en 2018. La obra daría solución estructural al abastecimiento urbano para los próximos 25 años.

Por ahora el proyecto se encuentra próximo a ingresar al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) según se explicó desde la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA), quienes han realizado los estudios de prefactibilidad y el proyecto que será presentado para su evaluación ambiental, esto con recursos del FNDR.

"Con esto damos seguridad de abastecimiento de agua a la población y algo muy importante: aseguraremos calidad de este recurso. En Atacama el agua es de mala calidad ya que no cumple con algunos parámetros en sulfatos y sólidos disueltos totales (SDT)", agregó el intendente.

Desde el Gobierno Regional se explicó que la necesidad de construir la planta es urgente ya que en los últimos años la captación de agua para el consumo humano ha tenido que ir desplazándose cada vez más hacia el poniente de la cuenca del Río Copiapó, y con pozos de producción cada vez más profundos. La decisión de inversión también tiene un sentido de urgencia, ya que la extracción en dichos puntos produce un agua, cada vez, de menor calidad, que requiere ser mezclada con agua casi pura, como es la que se produce al desalar agua.

Detalles técnicos

La planta desalinizadora contempla alcanzar una capacidad máxima de 1.200 litros por segundo (l/s) en su etapa final, e incluye una primera etapa con capacidad para 450 l/s y una segunda etapa con capacidad para 900 l/s. La extensión de su capacidad se ha pensado para la venta de agua a las mineras. Una inversión que también podría reducir las tarifas de los usuarios locales.

Según explicó Jorge Villalobos, gerente general (s) de CCIRA, sin la inversión estatal los costos en las tarifas se habrían elevado en un 120%.

"Hoy tendríamos una mitigación importante de la tarifa, pero después vendrían los costos de operación", señaló Villalobos al proyectar el funcionamiento de la planta y la necesidad de sustento económico para disminuir aún más el alza.

"Nosotros vamos a seguir colaborando y presentando iniciativas que vayan en beneficio de la mitigación de la tarifa que es sumamente importante", agregó el representante de la CCIRA, corporación que ha presentado distintas alternativas para que una vez que esté operativa la planta no suban los costos en las cuentas de los usuarios.

El proyecto global, presentado por la Ccira, contempla además de la planta desalinizadora las obras de captación de agua de mar, la descarga de salmuera al mar, las obras de elevación y conducción del agua producida hasta los estanques de regulación de las ciudades de Caldera y de Copiapó, y las obras anexas correspondientes: alimentación eléctrica, recintos, estanques, plantas elevadoras, obras anexas, entre otros.

El EIA de la planta desaladora contempla levantamiento de línea base ambiental, concesión marítima, anteproyecto de obras de ingeniería y estudio eléctrico.

"El Estudio de Impacto Ambiental lo ingresaríamos a fines de este mes. El estudio que tiene una duración de 180 días hábiles por lo tanto podría terminar cerca de un año más", agregó Villalobos.