En el pasado Concejo Municipal, la directora (S) de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Copiapó (Daem), Ximena Sanhueza informó que el municipio inició un sumario contra el director del Liceo José Antonio Carvajal A-4.

La medida responde a la acusación que realizaron estudiante y apoderados 'por la mala gestión del director, porque habían niños prioritarios como del programa Puente que no pagaban la matrícula y se les cobró igual', según el centro de alumnos. Es por esto que todos los apoderados solicitaron la devolución del dinero y una auditoria sobre el destino de esos dineros.

La directora de la Daem detalló que en junio solicitó a control interno del municipio una investigación en la relación a la administración del director Cristian Tapia en que se entregó un informe final con fecha 19 de agosto. Luego de revisado el documento, la autoridad al día siguiente pidió el sumario en que se determinó como Fiscal al actual director de Salud municipal, Iván Apurahal.

Sanhueza puntualizó que 'la única forma que podemos retirar al director del establecimiento de sus funciones a través del sumario, porque él es un director por alta dirección pública'.

En cuanto a las necesidades internas, los alumnos pedían el arreglo de las bombas del agua, reparación del calefón, reparación del ascensor del liceo, creación de taller, que los auxiliares cuenten con insumos y que se informe en qué se han invertido los recursos.

Sobre la situación, la Daem

explicó que existía un retraso en la presentación de las listas de peticiones por parte de la dirección del establecimiento. Una vez entrega la solicitud, se realizaron dos licitaciones porque el monto era cercano a los 30 millones y los proveedores no servían para una misma licitación de los productos.

Sanhueza comentó que el proceso se demora y los insumos llegarían cerca de Fiestas Patrias. Bajo este escenario, la autoridad solicitó a los estudiantes que esperarán los materiales estando en clases, en vez de estar en toma.

El profesor del liceo y asesor del Centro de Alumnos del José Antonio Carvajal, Enrique Jara pidió que 'ojalá el sumario al director sea lo más objetivo posible, transparente y se tomen las medidas necesarias para que se solucione todo'.

Además comentó que durante el sumario sería bueno que se sacara al director de sus atribuciones durante la investigación para que no sea un impedimento.

En cuanto a los plazos de entrega de insumo, el profesor finalizó que 'los tiempos son demasiados y los niños no pueden esperar'.

Luego de que el senador de Atacama Baldo Prokurica presentara una moción parlamentaria que busca compensar a las regiones con recursos financieros, por cada recurso que sea destinado a la empresa Metro S.A, representantes de la colectividad en la región de Atacama apoyaron la medida.

Al respecto, Cristian Viñales González, abogado y vicepresidente de la Directiva Regional de RN expresó que 'en términos prácticos al aprobarse la Ley Nº 20.378, se estableció un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, tanto para el transporte de la región Metropolitana como para las otras regiones, el cual está dirigido a mejorar el transporte público, financiando inversiones para mejorar la gestión, infraestructura y regulación de los sistemas de transporte público aplicable a todo el país. La idea de esta moción parlamentaria, es crea una Ley Espejo respecto de los recursos que se invierten en la construcción de nuevas líneas del metro que solo benefician a los habitantes de Santiago. Ya que es primordial, la llegada de nuevos recursos a las regiones y en especial a las más extremas sean del norte o sur de nuestro país'.

Falta de listas de precios, ausencia de etiquetados en medicamentos y la entrega de incentivos a vendedores por la venta de ciertos productos, además de la publicidad de medicamentos para aumentar su consumo, son algunos de los motivos que justificaron la Prohibición de Funcionamiento a una farmacia perteneciente a la cadena nacional Salcobrand (que se ubica en Colipí), medida adoptada por la seremi de Salud, Brunilda González en una inspección realizada a las farmacias de Copiapó, luego de cumplirse seis meses de la promulgación de la Ley de Farmacias.

'El espíritu de la ley es prevenir el uso irracional de los medicamentos. Por lo tanto, aquí hubo un incumplimiento a dos artículos de la Ley de Fármacos: el artículo 94 que es publicitar medicamentos que no corresponden, junto con el no etiquetado del precio del medicamento. Y por otro lado la infracción al artículo 100, al no tener los contratos de los trabajadores a la vista, y no terminar con esta vieja práctica de la 'canela', que lo único que hace es venderle a personas que tienen recursos muy limitados para la compra de medicamentos, fármacos que no necesitan, y estimulan el consumo irracional e irresponsable de medicamentos', comunicó la autoridad sanitaria.

La ley de fármacos establece, entre otros aspectos, que las farmacias, a partir del sexto mes de la promulgación de la ley deben cambiar los contratos de sus trabajadores para eliminar el incentivo económico por venta de medicamentos como antigripales, antiácidos, analgésicos, entre otros, llamada 'comisión canela'.

La fiscalización fue realizada de manera conjunta con la Inspección Provincial del Trabajo y la seremi del Trabajo de Atacama, Dissa Castellani Martínez, quien indicó que 'nos acompaña una fiscalizadora de la inspección provincial del trabajo, para detectar la situación en que se encuentran los trabajadores. Eso está en evaluación. Hasta el momento la principal infracción ha sido detectada por la seremi de salud en torno a la ley de fármacos'.

Durante la jornada también fue fiscalizada una farmacia de una cadena regional que cumplió con todas las exigencias de la normativa. Añadió que 'se destacan. Yo creo que hay respeto a las condiciones contractuales de los trabajadores en función de la entrada en vigencia de la ley, pero también de no estimular el uso de los medicamentos de manera indiscriminada por parte de los usuarios'.

La ley de Fármacos garantiza a la población el acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad y a un precio justo y busca disminuir el uso irracional de medicamentos por parte de la población. Para ello establece una serie de obligaciones que cumplir.