El primer ministro de Irak, el chií Nuri al Maliki, rechazó ayer los llamados para formar un 'Gobierno interino de salvación nacional', que según los críticos podría representar rápidamente un frente nacional ante la creciente amenaza de los milicianos suníes que han tomado varias ciudades este mes.

Funcionarios estadounidenses han presionado para que el próximo Gobierno iraquí sea más inclusivo, en un intento de que la minoría suní dejara de prestar apoyo a los rebeldes encabezados por un grupo salido de al-Qaeda y que buscan forjar un enclave islamista en la frontera entre Irak y Siria.

Varios políticos, incluso a Ayad Alaui, un chií secular que ha sido mencionado como posible conteniente para reemplazar a Nuri al Maliki, le pidieron al premier que renuncie y forme un Gobierno de salvación nacional que muestre liderazgo hasta que se pueda hallar una solución más permanente.

Sin embargo, Al Maliki insiste en que el proceso político debe permitírsele proceder y agrega que la formación de un Gobierno de 'salvación nacional' representaría un 'golpe de Estado contra la Constitución'.

En su lugar, hizo un llamado a las 'fuerzas políticas' para cerrar filas frente a los milicianos suníes que han tomado enormes zonas el norte y oeste del país, pero no concretó ninguna medida para la minoría suní del país.

La coalición de Al Maliki, el Estado de la Ley, ocupa la mayoría de los asientos de la Cámara. Desde el cargo en 2006, el primer ministro sólo necesita el apoyo de una minoría simple para quedarse otros cuatro años. Se prevé que la legislatura se reúna antes de que termine el mes, para cuando elegirán a un líder de la Cámara. Tienen 30 días para elegir un nuevo Presidente, quien entonces elegirá al líder del bloque mayoritario en la Cámara para formar al siguiente Gobierno.

Ayer, los milicianos suníes lanzaron un ataque sobre una importante refinería de petróleo que intentan tomar desde hace días, pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad.

Mientras, decenas de asesores militares y de tropas especiales estadounidenses empezaban a asistir a las tropas iraquíes en un intento por reforzar la capacidad de Bagdad de responder al avance del Estado Islámico para Irak y Siria (ISIS), un contingente bien entrenado y con capacidad de movimiento que se cree tiene unos 10 mil combatientes dentro de Irak.

Hasta ahora, la respuesta de las fuerzas gubernamentales ha estado muy lejos de una contraofensiva, limitada en su mayoría a zonas donde hay chiíes en peligro de caer en manos de extremistas suníes o en torno a una ciudad al norte de Bagdad que los chiíes consideran sagrada.

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La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, fue procesada ayer por delito fiscal y blanqueo de capitales por el juez que investiga desde hace más de tres años el caso de corrupción que protagoniza su marido, Iñaki Urdangarin.

Sólo seis días después de la proclamación de Felipe VI, el juez José Castro de Palma de Mallorca mandó a su hermana al banquillo de los acusados junto a su cuñado por el escándalo que hundió la imagen de la monarquía y amargó los últimos años de reinado a Juan Carlos I.

La casa real reaccionó con prudencia, pero desmarcándose de la infanta Cristina: 'Pleno respeto a la independencia del Poder Judicial', señaló escuetamente.

El juez sostiene que la infanta se benefició de los negocios ilegales que su marido hizo presuntamente con administraciones públicas desde el Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin fines de lucro que encabezó con un antiguo académico como socio, Diego Torres.

Urdangarin será juzgado por supuestamente haberse apropiado junto a este último de seis millones de euros de dinero público. Los beneficios de los negocios del ex deportista iban a parar a una empresa, Aizoon, de la que el ex jugador de balonmano y la infanta eran dueños al 50%.

Cristina actuó 'lucrándose en propio beneficio' y 'facilitando los medios para que lo hiciera su marido' mediante una 'colaboración silenciosa', indicó el juez.

La Fiscalía, que se opuso desde el principio a la imputación de Cristina, de 49 años, anunció que recurrirá la decisión, igual que hará la defensa de la infanta.

'Ha sido imputada por ser quien es', dijo el fiscal del caso, Pedro Horrach. Si hubiera sido otra persona, 'ni se habría hablado de ella', añadió, y consideró que la infanta 'ha sido tratada de manera injusta'.

'No hay ninguna actuación que pueda ser considerada delictiva', indicó por su parte el abogado de la infanta, Miquel Roca. Cristina recibió la noticia 'no con satisfacción, pero sí con tranquilidad' y confía en que con el recurso se 'restablecerá la situación', dijo.

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