La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multó con un total de 2.000 UF ($ 47.006.000) a la auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC) y con 1.500 UF ($ 35.254.500) a su socio Alejandro Joignant, por falencias en la auditoría a los estados financieros de La Polar. La sanción, interpuesta en una de las aristas del caso de las repactaciones unilaterales de La Polar, apunta al supuesto incumplimiento de las normas de los artículos 55 y 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas y el 53 de la Ley de Sociedades Anónimas. Dichos estados financieros de La Polar son los correspondientes al 31 de diciembre de 2009.

El 9 de marzo de 2012, el organismo ya había multado a la empresa (8.000 UF) y a su socio (6.000 UF) por cargos formulados en 2011, pero por fallas en periodos distintos.

De acuerdo a la SVS, en esta ocasión "se han tenido en consideración todos los elementos aportados al proceso, en los que, por una parte, se aprecia la multiplicidad de infracciones cometidas, y por otro, la gravedad de las mismas". Aunque la SVS afirma que estas infracciones no pueden estimarse como reiteradas respecto de las impuestas por la resolución externa del 9 de marzo de 2012, "este servicio (la SVS) estima que la seriedad y la gravedad de las infracciones, en particular su efecto en el mercado de valores, ya fueron ponderadas al determinar el monto de las multas impuestas en la resolución anterior, y por lo tanto, no corresponde que sean considerados para los efectos de la sanción a las infracciones de esta resolución, que deben ser proporcionales y corresponderse con los tipos y conductas infraccionales cometidas". En un documento, el dictamen de la Superintendencia describe las omisiones e infracciones que, según sus fundamentos, cometió PwC en la auditoría realizada a La Polar en 2009.

La auditora PwC calificó la sanción de "totalmente improcedente", ya que a su juicio "se está sancionando dos veces un mismo hecho ya juzgado, lo que es contrario a los principios más elementales del derecho". La firma adelantó que va a impugnar la sanción.

Mauricio Mondaca

El próximo ministro de Hacienda del gabinete de Michelle Bachelet, Alberto Arenas, le pidió al actual secretario de Estado, Felipe Larraín, un informe detallado respecto de la ejecución del gasto público durante el 2013.

"Ustedes están al tanto de que hay US$ 2.300 millones que no se ejecutaron en 2013. Y más allá de las explicaciones, si hay una buena o mala ejecución presupuestaria, el tema es qué parte de esos US$ 2.300 millones comprometen el presupuesto del 2014. Esperamos que no existan sorpresas", dijo Arenas a la salida de la cita con Larraín.

Ambos se reunieron para discutir temas de la coyuntura económica y coordinar el traspaso de mando de la cartera el próximo 11 de marzo.

Según Arenas, una de las materias abordadas fue la desaceleración que vive en la actualidad la economía chilena, ya que "las cifras hablan por sí solas". El economista comentó que durante el último trimestre de 2013, la economía estaba creciendo a un ritmo cercano al 2,7%, "lo que implica tres puntos menos de lo que lo hacía 12 meses antes".

Ante esto, el próximo jefe de la Hacienda pública llamó al sector público y al privado a que "coloquemos fuerza e interés en superar la desaceleración de la economía, en un tiempo lo más corto posible".

Según el ex jefe programático de Bachelet, si un cuarto de la subejecución del Presupuesto estuviera comprometida en 2014, equivaldría "a todos los recursos de libre disposición que están en el Presupuesto" para este año.

El ministro Felipe Larraín dijo que la cita había sido "franca" y agregó que la idea es lograr una transmisión de mando ordenada. "Ha sido muy cordial y fructífera en el sentido de que hemos tocado todos los temas, con franqueza y con el interés de lograr una transición lo más ordenada posible en beneficioso de nuestro país", dijo Larraín.

El titular de Hacienda comentó que hará llegar a su sucesor "20 carpetas con los temas que creemos son los de mayor relevancia, los temas que ve el Ministerio de Hacienda, los proyectos de ley que están en curso. Es una información que se ha entregado ordenada y esperamos pueda ayudar para el proceso de transición y para el nuevo gobierno que se instala a partir del 11 de marzo".

El secretario de Estado agregó que "es nuestro interés cooperar en todo lo que sea necesario para que esta instalación sea lo más suave posible, lo más expedita posible". Según Larraín, el interés obedece a una petición formal del Presidente, Sebastián Piñera a todos los miembros de su gabinete ministerial.

El ministro de Agricultura, Luis Mayol, recibió ayer al titular de la cartera de la próxima administración, Carlos Furche, junto a quien destacó la labor del ministerio en los últimos años. "Le hemos puesto pantalones largos a la agricultura", dijo Mayol. Furche explicó que entre las primeras medidas a realizar es estudiar una solución a la situación de los deudores históricos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

La decisión del Gobierno de Caracas de otorgar vacaciones los días 27 y 28 de marzo, lo que permitirá que Venezuela tenga seis días consecutivos de asueto, "va en contra de las soluciones al desabastecimiento que vive el país". Así reaccionó Fedecámaras, la principal asociación de empersarios venezolana, al anuncio del Presidente Nicolás Maduro.

"Un país no sale adelante con días festivos, sino trabajado, trabajando y trabajando más. Las decisiones que toma el Gobierno en materia de orden político van en contra de las soluciones al desabastecimiento de los venezolanos", dijo el vicepresidente de ese gremio, Carlos Larrazábal, quien además pidió reconsiderar la decisión.

Maduro decretó días libres mañana y el viernes, lo que sumado al sábado y domingo y a los festivos legales por carnaval, el lunes y martes próximo. Según Fedecámaras, el feriado se suma a las dificultades del aparato productivo por actividades restringidas o suspendidas por las manifestaciones sociales.

Además, la reanudación de las actividades del 5 de marzo se verán afectadas por los diversos actos que prepara el Gobierno de Maduro para recordar el aniversario de la muerte de su antecesor Hugo Chávez tras 14 años de gestión (1999-2013).

"Nadie tiene derecho a quitarle los carnavales a los venezolanos. Ese es su tiempo de descanso y de alegría", señaló Maduro el lunes en la noche en una reunión con gobernadores regionales, según consignó la agencia DPA. Los ministros del Interior, Miguel Rodríguez, y de Turismo, Andrés Izarra, anunciaron ayer planes para el adelanto del carnaval, en los cuales participarán 104.000 funcionarios de varios organizaciones de seguridad y protección civil.

"Ya van dos semanas con problemas de distribución con las protestas", apuntó Larrazábal, en alusión a las marchas y manifestaciones contrarias al Gobierno, que oficialmente han ocasionado 13 muertes directas y 30 indirectas por supuesta falta de auxilio médico derivado de esos bloqueos en las barricadas. El dirigente empresarial dijo a Unión Radio que los días feriados contribuirán a la escasez de productos que vive el país.

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, calificó de "represalia" la expulsión de tres funcionarios diplomáticos venezolanos de Estados Unidos, en un nuevo episodio de roces entre Washington y Caracas. Estados Unidos expulsó a tres diplomáticos venezolanos y los declaró "persona non grata", en reacción a una medida similar adoptada en Caracas contra tres funcionarios de la embajada estadounidense. Maduro acusa a EE.UU. de financiar las protestas.