Luego de tres días en proceso "reflexivo", la senadora Lily Pérez anunció ayer que se integrará al movimiento Amplitud, impulsado por los diputados Karla Rubilar, Joaquín Godoy y Pedro Browne, que tal como la parlamentaria acaban de renunciar a RN acusando al partido de transformarse en "ultra conservador".

"Estoy orgullosa de pertenece a este equipo, que no arrastra las rabias del pasado", afirmó la senadora.

La decisión fue comunicada tras la inauguración de un memorial a Daniel Zamudio, el joven muerto el 2012 tras sufrir una paliza por su condición homosexual. Su deceso reactivó la tramitación de una Ley Antidiscriminación, vigente hace un año y que lleva el nombre del muchacho.

Lily Pérez dijo que la asistencia al acto tiene un carácter "simbólico", por el respeto a la diversidad que supuestamente marcará a Amplitud.

La senadora fue consultada si eso significaría que el movimiento respaldaría un proyecto de matrimonio igualitario, como desea hacerlo un sector de la Nueva Mayoría.

Pérez dijo que "era un tema que vamos a conversar", porque "entre nosotros no hay temas tabúes".

Los diputados festejaron la inclusión de la senadora y Godoy aseguró que hay "tres ministros" que están "a un paso" de incorporarse. "Nos han llamado por teléfono para manifestar su idea de estar en Amplitud", añadió.

Los miembros del gabinete que pertenecen a RN y que analizan si retornan al partido el 11 de marzo son Rodrigo Hinzpeter, Bruno Baranda, Juan Carlos Jobet y Cecilia Pérez. Esta última participó en la inauguración del memorial de Daniel Zamudio.

Pedro Browne añadió que en el movimiento "estarán las puertas abiertas para los ministros y los independientes" y afirmó que en marzo comenzarán el trabajo para convertirse en un partido político.

La joven acusada de vender a su hija recién nacida por internet, Verónica Carrera Chaparro, aseguró ayer que tomó la decisión presionada por su madre y expresó su deseo de recuperar a la niña y asumir la maternidad.

"Yo no la vendí, yo nunca les pedí dinero ni nada. Siempre los vi amistosos", dijo la muchacha a radio Cooperativa, refiriéndose a la pareja de comerciantes de Puente Alto que la inscribió a su nombre un día después de nacer, el 4 de noviembre del año pasado.

Según la investigación del Ministerio Público, estos le pagaron a la familia la atención de salud desde los seis meses de gestación; un millón de pesos por el parto realizado en el Hospital del Profesor; y $ 60.000 luego de inscribirla a su nombre en el Registro Civil e Identificación.

Verónica Carrera responsabilizó de todo a su madre, Angela Chaparro, de 42 años; y a su hermanastra, Daniela Pérez, de 24. "Me decían que me iban a echar de la casa, que yo no la podía criar", añadió.

Según la indagatoria, ambas le habrían establecido a la joven promotora que sus únicas opciones eran abortar, entregarla en adopción o venderla. La fiscalía asegura que la niña tomó este último camino sin consultárselo a su entonces pololo y padre de la guagua.

"Mi mamá hizo los contactos, ellas nunca me tomaron en cuenta y yo pensé que no lo iban a hacer", afirmó la muchacha, oriunda de Maipú.

Inicialmente las contactó una pareja de Concepción, que finalmente desechó la compra por considerar que estaban cometido un delito. Tras ello surgió el interés de la familia de Puente Alto.

El grupo fue formalizado el domingo por usurpación de identidad, pues hicieron el procedimiento de inscripción en el Registro Civil en contra de la voluntad y en desconocimiento del padre biológico, a quien se le había dicho que la guagua había muerto en el parto.

Los compradores se hicieron pasar por sus padres y la inscribieron a su nombre.

El delito perseguido se debe a que la legislación nacional no considera como un ilícito la venta de un bebé y menos si la oferta es por internet.

El caso quedó a descubierto porque la joven madre le habría contado a una amiga lo ocurrido. Esta última se lo confesó al papá, quien encaró a Verónica Carrera y logró que le confesara lo sucedido.

"Me siento pésimo, mal, utilizada, estoy asustada, tengo miedo, con un dolor intenso en el corazón por mi hija. Quiero hacer los trámites para recuperarla", añadió.

El futuro de la niña debe ser resuelto por un tribunal de familia.

Ayer, el Servicio Nacional de Menores (Sename) anunció que se querellará por este hecho, que no tiene parangón en la historia judicial chilena.

El director subrogante, Jorge Lavanderos, comentó que hasta el momento tenían antecedentes de un intento de venta ocurrido hace unos años de unos gemelos, pero que no alcanzó a concretarse.

La autoridad lamentó que la muchacha y su familia hayan tomado tal decisión, pues asegura que la legislación ofrece alternativas de adopción para las personas que quedan embarazadas y no deseen asumir la maternidad. "No estamos vendiendo un auto o una bicicleta, sino un lactante, un sujeto de derecho. No podemos rebajar así a un ser humano", comentó.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, expresó ayer que la posibilidad de veto al proyecto de ley aprobado por el Congreso, que elimina el timerosal de las vacunas del Programa Nacional de Inmunización (PNI), aún no ha sido resuelta por el Presidente Sebastián Piñera. "El Presidente de la República no ha tomado una decisión. Estamos concentrando todas las opiniones de autoridades nacionales, internacionales y de sociedades científicas que avalan nuestra idea de que esta ley que prohibe el timerosal es una muy mala ley que produce más daño que beneficios", dijo el ministro.

"Entendemos que esta semana será informado cuál será el gabinete de la futura Presidenta de la República. Apenas tengamos ese conocimiento tomaremos contacto con quien sea designado para consensuar una opinión que asumimos será concordante con lo que hemos señalado, es decir, que un veto presidencial es una buena idea para parar este desastre", agregó.

Respecto al caso de una mujer en Arica que se opone a que su hija recién nacida sea vacunada, por precaución ante eventuales efectos del timerosal presente en el producto, el ministro de Salud descartó el empleo de la fuerza para obligarla. "Creemos que el hecho que una madre se niegue a vacunar a un hijo es un producto esperado de la mala imagen que han generado los parlamentarios sobre nuestra estrategia nacional de vacunación y una demostración del error que significa esta política", sostuvo Mañalich.

Sobre el caso puntual, concluyó que "estamos convencidos que vamos a llegar a un convencimiento de buena forma con esta familia (...), sin recurrir a ninguna fuerza".